Poco más de 6 mil toneladas al año acumulan los 150 vertederos y rellenos sanitarios del país. De esa cifra, sólo el 10% (poco más de 600 toneladas) se recicla. Es una realidad que ubica al país muy lejos de las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) que reutilizan sus desperdicios.
Por eso es que Ley de Fomento al Reciclaje apunta una nueva política de gestión integral de residuos sólidos, con claros conceptos de innovación. El primer objetivo es llegar al 25% de reutilización, tarea compleja si se considera la alta tasa de generación de basura que exhibe Chile.
Para el ministro de Medioambiente, Pablo Badenier, “es un punto que nos debiera preocupar a todos y por eso queremos revertir una sensación de que generar residuos en el país es gratis, tanto a nivel industrial, empresarial o domiciliario”.
La reforma incluye la creación de ordenanzas municipales de recolección diferenciada, que establecen sanciones a quienes no cumplen con la separación de residuos en puntos limpios. Esta nueva facultad también impulsa la multiplicación de zonas de reciclaje, fomentándolas en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
La iniciativa legal formaliza la industria del reciclaje en Chile, responsabilizando a los fabricantes y empresas de ciertos productos a organizar y financiar la recuperación y gestión de residuos, derivados de sus productos. Para ello se determina una serie de “productos prioritarios”, los que deben hacerse cargo de sus bienes, una vez que estos terminan su vida útil. La ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto. Los productos prioritarios son seis: Aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes y neumáticos. Su elección se debe a que son de consumo masivo, volumen significativo y factible de regularizar.
Los aspectos innovadores de la ley es que su dinámica implica nuevos empleos y emprendimientos verdes, además del desarrollo de información y ecoetiquedado para privilegiar los productos amigables con el medio ambiente. A ello se suma que la cartera respectiva asume nuevas competencias para la gestión de residuos: certificación, rotulación y etiquetado, sistema de depósito y reembolso, ecodiseño, mecanismos de separación en origen y recolección selectiva, mecanismos para manejo ambientalmente racional de residuos y mecanismos para prevenir la generación de residuos.