El Govern de les Illes Balears está preparando un anteproyecto de ley sobre residuos y suelos contaminantes que incluye en su primer borrador un amplio abanico de medidas relativas al packaging de un solo uso. El objetivo de esta normativa es reducir en un 10% la producción de residuos en las islas en el plazo de dos años y un 20% en 2030. El anteproyecto, que todavía no ha entrado en el Parlament, incluye, entre otras medidas, la prohibición de la venta de cápsulas de café fabricadas con material no compostable, salvo que las empresas que las comercialicen tengan un proceso de recogida y reciclaje definido.

La ley también prohibirá la venta de platos, cubiertos, vasos, bandejas de plástico, bolsas comerciales así como cualquier otro envase que contenga nanoplásticos o microplásticos, siempre y cuando no sean enteramente compostables. Se trata, en resumidas cuentas, de eliminar cualquier plástico monouso de materiales tradicionales, los que crean un mayor impacto ambiental y visual, tanto en las islas como en el mar.

Asimismo, la ley contempla medidas a otros segmentos, como por ejemplo los relacionados con productos de higiene tales como bastoncillos o cuchillas de afeitar, así como otros materiales plásticos ligados al consumo masivo tales como mecheros, cartuchos de impresora o tóner. Todas estas medidas entrarán en vigor, de nuevo, según lo que se sabe del anteproyecto, el 1 de enero de 2020, aunque, en el caso de las bolsas, se adelantará un año la prohibición.

El anteproyecto que maneja el Govern maneja otras medidas de corte medioambiental como la obligación a bares y restaurantes de servir “de forma complementaria a su oferta agua del grifo gratis” para reducir el volumen de botellas de agua que se ponen en el mercado, así como medidas para que los restaurantes entreguen a sus clientes los restos de comida que no hayan consumido en el establecimiento y para que los supermercados no tiren ningún tipo de alimento que se pueda consumir, obligaciones que el Govern quiere crear para reducir el volumen de desperdicio alimentario. La normativa autonómica contempla una serie de sanciones para las infracciones, con multas que oscilarán entre los 300 y los 9.000 € en el caso de las leves y hasta 1,75 M€ en las consideradas como muy graves.