Durante el mes de enero, CENEM ha mantenido diversas reuniones con representantes de empresas socias para discutir en torno a la Ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso en comercios que venden alimentos y que entró en vigencia en agosto de 2022.
El objetivo de estas reuniones ha sido entregar observaciones al Ministerio del Medio Ambiente, que se encuentra en el proceso de preparación del reglamento de esta ley y que a su vez diseña el mecanismo de certificación de los plásticos compostables o plásticos certificados.
La Ley PUSU tiene grandes diferencias con otras leyes de este tipo a nivel mundial. La normativa chilena señala que hay dos tipos de botellas plásticas permitidas: las botellas plásticas retornables, y las botellas desechables fabricadas con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en el país.
También se exigirá la certificación de plásticos compostables y con contenido de material de origen renovable. Estos plásticos certificados se definen como plásticos compuestos total o parcialmente por materias producidas a partir de recursos renovables, diseñados para ser compostados a nivel domiciliario o industrial, y cuya certificación es entregada por el Ministerio del Medio Ambiente, y la cual se basará en una metodología que definirá el reglamento de esta ley y que debe estar en línea con las entidades acreditadoras, certificadoras y los laboratorios afines.
Estos plásticos deberán ser fácilmente identificables y distinguibles por los consumidores a través de un símbolo, sello u otro elemento según se defina en el reglamento y el correspondiente certificado. Además, el establecimiento de expendio de alimentos que entregue plásticos certificados deberá exhibir el certificado al público y en su web. Finalmente, se debe señalar si el proceso de compostaje del plástico certificado es industrial, domiciliario, o ambos.
Por su parte, las municipalidades serán las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de esta ley, sin embargo cualquier ciudadano podrá denunciar su incumplimiento en el Juzgado de Policía Local que corresponda o directamente en el municipio.