Estados Unidos crea más basura plástica que cualquier otro país y ocupa el tercer lugar entre las naciones costeras que contribuyen con residuos, basura arrojada ilegalmente y otros residuos mal gestionados en sus playas. Sin embargo, incluso con tal abundancia de plástico desechable (los científicos midieron 46 millones de toneladas en 2016), Estados Unidos consigue reciclar algo menos del 9% cada año.

Por eso, cuando el gobernador Gavin Newsom firmó la semana pasada la amplia legislación de California sobre los residuos plásticos, el momento se anunció como un cambio transformador que podría redefinir la forma en que el país en general se ocupa de la creciente cantidad de residuos plásticos.

"No se puede exagerar la magnitud de esta legislación", dice Anja Brandon, analista de políticas sobre plásticos de Ocean Conservancy, que participó en las largas negociaciones para elaborar el proyecto de ley. "Es la primera legislación en todo el mundo que exige una simple reducción de la cantidad de plástico".

La nueva ley pretende cubrir varios aspectos clave a la vez. El más importante es que exige una reducción del 25% de los plásticos en los productos de un solo uso en California para 2032, algo inédito en los esfuerzos reguladores en EE.UU. para frenar el crecimiento de la fabricación de plásticos, que se prevé que se triplique a mediados de siglo hasta alcanzar los 32 millones de toneladas al año. La reducción puede lograrse reduciendo el tamaño de los envases y cambiando a envases rellenables o fabricados con otros materiales, como el papel o el aluminio reciclables. Según los cálculos de Ocean Conservancy, esas reducciones de envases eliminarían casi 23 millones de toneladas de plásticos de un solo uso en la próxima década. Los californianos tiran unos 4,5 millones de toneladas de plástico al año, según CalRecycle, la agencia estatal de gestión de residuos.

La nueva ley también exige que el 30% de los plásticos se reciclen en 2028, y que el porcentaje aumente hasta el 65% en 2032, lo que supone un gran salto. Además, exige a la industria la creación de un fondo de 5000 millones de dólares (casi 5000 millones de euros) durante la próxima década para ayudar a las comunidades de bajos ingresos afectadas por los efectos de la contaminación plástica.

Por último, transfiere el coste del reciclaje a la industria desde los municipios y sus contribuyentes. Esta práctica, conocida como responsabilidad ampliada del productor (RPE), se utiliza en la Unión Europea (UE) desde los años 90 y se le atribuye el mérito de haber aumentado las tasas de reciclaje en Europa occidental, que rondan el 40%. En España la tasa de reciclaje de los envases de plástico se sitúo cerca del 50% en 2020.

Canadá inició el año pasado un programa de EPR de este tipo. Otros países, como la India, están redactando normas de RPE. En Estados Unidos, la EPR se ha presentado en el Congreso, pero hasta ahora no ha obtenido la aprobación. El cambio de California a la EPR sigue a Oregón, Maine y Colorado, que han aprobado versiones ligeramente diferentes.

"Ha tardado mucho en romperse la presa en Estados Unidos", afirma Ted Siegler, experto en residuos y socio de DSM Environmental Services en Vermont. Siegler ha trabajado con países de todo el mundo para desarrollar sistemas de gestión de residuos, y desde hace tiempo es partidario de exigir a la industria que financie el coste de procesar la basura en que se convierten sus productos. "Tendrán que pasar varios años antes de que veamos si alguna de estas leyes de EPR aquí va a funcionar".

El largo alcance de California
Se espera que la nueva ley provoque cambios en la industria del plástico mucho más allá de las fronteras de California. Al ser el estado más poblado y la quinta economía del mundo, California influye en los mercados de un modo que otros estados no pueden. Los fabricantes de automóviles, por ejemplo, acordaron seguir las normas de emisiones de combustible de California, que son más estrictas que las federales. En cuanto a los plásticos, los expertos predicen que las líneas de envasado de productos, por ejemplo, se adaptarán a las normas de California, independientemente de dónde se vendan los productos.

"Es muy probable que una empresa nacional o mundial realice esos cambios a nivel global o nacional, y no sólo para el estado de California o Maine", afirma Siegler. Pero también advirtió que no se debe confiar en que la nueva ley esté a la altura de los efusivos elogios que recibe como hito: "Mi experiencia con las medidas de reducción de residuos es que siempre han fracasado a la hora de cumplir los objetivos de reducción establecidos en la legislación. Sería estupendo que lo consiguieran (en este caso). La prueba estará en la aplicación".

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