El Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, fue retomado en Chile, luego de que el presidente Gabriel Boric concretara la firma del proyecto que busca aprobar el tratado desde el Congreso.

El pacto, que ha sido firmado por 24 países y actualmente está ratificado por 12, contó en sus orígenes con Chile y Costa Rica como principales países negociantes, sin embargo, la administración del ex presidente Sebastián Piñera terminó rehusándose a adherir, argumentando “ambigüedades jurídicas“.

Para profundizar en el camino de este proyecto hacia las Naciones Unidas, como también sus implicancias e incluso la aclaración de mitos consignados por algunos parlamentarios, CNN Chile conversó con Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público y representante de la sociedad civil latinoamericana y del Caribe para la firma del acuerdo.

“Esto ha sido un trabajo largo, de muchos años y que Chile liberó“, dijo Sanhueza, agregando que “estamos felices de este compromiso político del presidente por sacar luego la adhesión de Chile y poder sumarse un Estado parte”.

De esta manera, la líder de la sociedad civil por Escazú confirmó que “este proyecto de adhesión ahora va al Congreso, que debe aprobarlo [en ambas Cámaras] y luego a la oficina de tratados internacionales de las Naciones Unidas“.

En dicha línea, Sanhueza destacó que “esta oficina tiene un plazo de tres meses, por lo que es imposible que Chile sea un Estado parte para la primera COP, que será entre el 20 y 22 de abril, pero sin duda Chile estará presente, de hecho, la primera COP está abierta a cualquier país en calidad de observador, aunque quienes votan y deciden son los Estados parte”.

Consultada acerca del hecho de adherir a Escazú a más de un año de su plazo, Sanhueza manifestó que “en definitiva, firmar o adherir fuera de plazo técnicamente es lo mismo, seremos un Estado parte, por su puesto, hubiese sido mucho mejor ser el primer país en firmar y ratificar en su momento, cuando Chile tuvo este liderazgo“, subrayando que “los otros países miran lo que hace el Estado de Chile“.

En cuanto a las proyecciones de cómo se enfrentará el trámite en ambas Cámaras del Congreso, Sanhueza sostuvo que “creemos que estará a la altura de este desafío”, advirtiendo, no obstante, que “hay argumentos que no se condicen con la realidad ni con lo que significa Escazú, por lo que hay que hacer un llamado a leer bien y entender de qué se trata“.

“Un asunto que ha surgido, es que Chile podría perder soberanía, en el sentido de que un Estado podría demandarnos ante La Haya, lo cual no es así porque el tratado establece que si alguno de los Estados no acepta ser parte, la demanda no aplica”, remarcó Sanhueza, recordando que “este es un tratado del Estado con su país, con su  sociedad, no con otros Estados”.