En los últimos años, Chile ha fortalecido una institucionalidad ambiental cuyo rol ha permitido visibilizar la acción de organismos como el Ministerio del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental o los Tribunales Ambientales permitiendo que el país -por ejemplo- aumentara sus áreas marinas protegidas o fuese considerado en 2017 como un ejemplo mundial en materia de crecimiento en energía solar.

Sin embargo, la ocurrencia de episodios críticos como el de Puchuncaví-Quintero o la crisis de residuos sólidos acontecida en Ancud, nos traen bruscamente a la realidad y nos permiten constatar que, a pesar de los esfuerzos, aún hay una importante tarea por delante. Tomemos por ejemplo el caso de los residuos sólidos domiciliarios (RSD); de acuerdo a la SUBDERE (año 2018), en Chile cada persona genera a nivel domiciliario en promedio 1,22 kg al día de residuos. El principal destino de estos residuos deben ser sitios de disposición final debidamente autorizados para ofrecer este servicio, pero sólo cerca del 23% son rellenos sanitarios que atienden a más del 77% de la población que cuenta con servicio de recolección de residuos, con un problema evidente como es que los demás sitios autorizados son vertederos o basurales, que no cuentan con impermeabilización ni manejo del gas producido.

Además, cerca del 33% de estos sitios (rellenos sanitarios, vertederos y basurales) han cumplido su vida útil; así como un volumen importante de RSD es dispuesto informalmente en ríos, zonas periféricas de ciudades, playas o quebradas, como sucede en Valparaíso. Sin duda la solución no es trivial, es claro que aumentar la capacidad de disposición final mediante la construcción de nuevos rellenos sanitarios entrará en conflicto con una población cada vez más activa y empoderada en temas ambientales y que no quiere cerca de su casa un sitio de estas características, los que tradicionalmente se ubican en la periferia o en comunas menos favorecidas económicamente.

Pero existen opciones, que sin duda deben ser evaluadas, y que ofrecen una alternativa a la disposición tradicional de RSD entendiendo que es posible reducir la cantidad de residuos que llegan a este destino. En Chile la Ley 20.920, ley marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, ha incentivado a que empresas se hagan cargo de lo que sus procesos y productos generan hasta llegar al consumidor final. A nivel domiciliario la contaminación cruzada y mezcla de residuos dificulta enormemente pensar en reciclar materiales. En Chile se estima que menos de un 10% de los residuos domiciliarios son reciclados, mientras que en la Comunidad Europea esta cifra alcanza en promedio un 28%, con algunos países incluso declarando niveles de reciclaje de 47%. Por otra parte, existen alternativas tecnológicas que permitirían valorizar energéticamente la materia orgánica de los RSD en plantas de biogás, cuyos subproductos son aprovechables para fines agrícolas. Pero sin duda, reducir la generación de residuos como país, es clave y está por encima de reciclar, tratar o disponer.

Para algunos pensar en recolección y transporte segregado aún está lejos, es como “querer correr cuando aún estamos empezando a caminar”, pero si nos conformamos y no nos imaginamos corriendo, es muy difícil que empecemos a hacerlo. Un cambio de conductas a la hora de generar, recoger y transportar nuestros residuos es hacia donde debemos encaminar los esfuerzos.