Disminuir la generación de residuos, promoviendo la reutilización y reciclaje, es lo que persigue la ley de Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), la cual establece un régimen en el cual cada empresa que introduce o vende en el mercado un producto envasado (en Chile o en el extranjero) tiene que organizar y financiar la gestión de los residuos que son generados a partir de sus ventas.
Lo anterior, es relevante ya que, según datos del Ministerio del Medio Ambiente, los municipios gastan en conjunto cerca de US$500 millones anuales en servicios de aseo, mientras que los ingresos por derechos de aseo que pagan los ciudadanos suman apenas US$160 millones.
En el caso de Concepción, la municipalidad trabaja de la mano con recicladores de base, donde semanalmente, en los cincos puntos limpios habilitados en la comuna, se retiran entre 1,5 a 3 toneladas de residuos valorizables, los cuales son repartidos entre el Sindicato Recicladores Biobío y Temistocles Rojas.
Aunque la gestión de los recicladores baja los niveles de retiro de basura, la directora de Medio Ambiente del municipio, Andrea Aste, comentó que “es muy relevante lo que determina la Ley REP, no sólo por los beneficios medioambientales, sino todo lo que tiene relación con la economía circular que plantea el reciclaje”.
“Gransic”
¿Cómo se podrían abaratar los costos en que actualmente incurren los municipios en esta materia? Al no haber empresas que se dediquen a procesar ciertos materiales, es necesario que la misma empresa que vendió el producto envasado financie su recolección y reciclaje cumpliendo las metas y obligaciones impuestas por el Ministerio del Medio.
Lo anterior, “a través de los denominados ‘Gransic’ (Gran Sistema Colectivo Domiciliario), que son entidades sin fines de lucro que reúnen a miles de empresas para cumplir la Ley REP”, explicó el gerente general del proyecto Gransic presente en Santiago, Isidro Pereda.
“Si los residuos de envases y embalajes equivalen a un cuarto de la ‘bolsa de basura’ de cada hogar (se estima que el 60% es material orgánico) entonces debiera reducirse -en teoría- en cerca de un 25% su costo de recolección y disposición de residuos. Esto mejoraría las pérdidas presupuestarias de los municipios en servicios de retiro de basura, considerando que el 92% de los 345 municipios del país tienen un déficit presupuestario en esta materia”, detalló el gestor Pereda.
En esa línea, Aste indicó que “en las regiones esperamos que se instalen empresas Gransic, ya que hay muy pocas empresas recicladoras fuera de Santiago, lo que dificulta el reciclaje por el costo del traslado del material a la capital”.
Comentó que “la Ley debiera promover la instalación de empresas recicladoras de todo tipo de plásticos, latas y vidrios en las regiones, lo cual esperamos se materialice pronto”.