Se estima que apenas el 6% de los residuos que generamos son aprovechados para su reciclaje. El resto termina en un relleno sanitario o en alguno de los más de 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).

El proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social tiene varios objetivos. Al incorporar el costo ambiental de los distintos envases, se fomenta la minimización en la generación y la producción de envases más fáciles de reutilizar o reciclar, a la vez que permite crear un fondo para poder financiar la correcta gestión de los mismos. A su vez, atiende a una realidad argentina al reconocer que hoy ya existe un sector informal realizando esas tareas y al que se le deben garantizar condiciones laborales óptimas.

“Esta ley es importante porque va a destinar fondos a los municipios que no tienen forma de resolver el reciclado de sus residuos y es importante porque también va a cuidar el ambiente”, sostuvo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. Por su parte el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, destacó: “Mientras tenemos residuos en cantidades industriales que terminan en basurales a cielo abierto o, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, los industriales importan ingente cantidad de residuos para ser utilizados como insumos industriales que debieran poder ser obtenidos en la Argentina y a eso apunta, entre otras cosas, esta ley.”

En este sentido, miembros de la Cámara Argentina de la Industria Plástica mostraron su apoyo ya que ven en este proyecto una oportunidad para disminuir sus importaciones y ocupar producción que hoy se encuentra ociosa por falta de material.

En cuanto a los representantes del sector informal que hoy se encargan de parte de la gestión de residuos, Jaqueline Flores, referente del la FACCyR, expresó: “Muchos de mis compañeros que trabajan a los rayos del sol, abajo de la lluvia, en los basurales a cielo abierto sin tener ni siquiera un baño, agua para tomar, arrastrando 500 kg de material durante varias horas y trabajan muchísimo. Lo que necesitamos es que ese trabajo se dignifique.”

¿En qué consiste el proyecto de Ley de Envases?
El proyecto se basa en el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor, que asigna la responsabilidad por el financiamiento de la gestión de envases a los productores, es decir, a quienes insertan dichos productos en el mercado. Para ello, deberán pagar por una tasa ambiental por cada envase, atendiendo a distintas características que tenga el envase. Se trata de una tasa y no de un impuesto ya que hay un servicio, una contraprestación asociada, que es la gestión de dichos residuos.

Para el cálculo de la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) se tienen en cuenta una serie de variables que afectarán a cada tipo de envase de forma diferente. Las principales variables que afectarán el valor de la TAREP que pagará cada envase son las siguientes: la reciclabilidad, la incidencia ambiental aparente, el material reciclado contenido y el ecodiseño.

La reciclabilidad y la incidencia ambiental aparente afectan al material, mientras que material el reciclado contenido y el ecodiseño dependen de cada envase específico.

Cuando hablamos de reciclabilidad, nos referimos a la posibilidad real de poder reintroducir el material en el circuito del reciclaje. Para ello, será necesaria la existencia de una industria recicladora instalada, la existencia de un circuito de recolección y acopio operativo, su dificultad en la separación en origen, que sea un material homogéneo y la capacidad de volver a reciclarse sin perder propiedades.

Para calcular el factor de incidencia ambiental aparente se considerará el impacto ambiental que tiene dicho material a lo largo de todo su ciclo de vida, contemplando si proviene de recursos renovables, si es de producción local, el nivel de consumo energético y de agua, el impacto de su traslado y el impacto que tiene en en la naturaleza en caso de no ser gestionado como corresponde.

Con el objetivo de fomentar la inclusión de contenido reciclado y entendiendo que envases que contienen material reciclado tienen un menor impacto ambiental, se incorpora este factor que disminuye el valor de la TAREP a pagar.

Lo que resulta más novedoso de todo es la introducción del concepto de ecodiseño, entendido como la integración sistémica de los aspectos ambientales en el diseño de los envases para disminuir su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida, haciendo énfasis en su duración y su reciclabilidad. Se entiende que es en esta fase de desarrollo de un producto donde se define el 80% del impacto que va a tener en el ambiente y por tanto es uno de los lugares donde mayor esfuerzo habrá que hacer, diseñar envases más circulares.

En este sentido, se contemplarán cosas como la facilidad de desarmado, colores estratégicos (botellas de vidrio o de plástico cambian su posibilidad de reciclado si son transparentes o de colores, por ejemplo), así como eficiencias técnicas en producción o traslado.

A través del cobro de una tasa ambiental diferenciada por material se pretende marcar un camino para producir con aquellos materiales más fáciles de reciclar y de menor impacto ambiental. Al tener en cuenta factores como el ecodiseño o el material reciclado contenido se fomenta una transición hacia productos mejor pensados de entrada. Por otro lado, aquellos productores que implementen un Sistema de Depósito, Devolución, Retorno y Reutilización no deberán pagar la tasa ambiental, con el objetivo de empezar a implementar soluciones reutilizables en el mercado local.

Para evitar un impacto en precios, el valor de la tasa ambiental no podrá ser superior al 3% del precio mayorista del producto envasado. Por su parte, el cobro de la tasa ambiental permitirá la creación de un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER) para financiar los Sistemas de Gestión Locales y promover la inclusión de las y los trabajadores recicladores. Asimismo, una parte de lo recaudado aportará al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para fortalecer las capacidades productivas de reciclado y fomentar el desarrollo del ecodiseño, y otra parte al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para brindar servicios de capacitación, asistencia técnica y actividades de transferencia acerca de tecnologías de reciclaje, valorización y desarrollo de nuevos materiales para envases.

Con este proyecto de ley, se pretenden sentar las bases para poder empezar a hablar de economía circular en nuestro país, y atender una deuda histórica en lo que refiere a la gestión de residuos. Es un camino que se está transitando en muchos países del mundo, y por primera vez se ofrece una respuesta que atiende la dinámica local.