Con la entrada en vigencia de nuevas exigencias de la Ley 21.368 de Plásticos de un Solo Uso (Ley PUSU), Marcela Krause, Technical & Sales Manager de Austral Chemicals, y líder del Comité de Polímeros Biodegradables y Compostables (BIOPOLCOM ) de CENEM, analiza cómo se ha preparado la industria de envases y embalajes y cuáles son los principales desafíos técnicos y operativos en esta nueva etapa.
Desde el pasado 13 de febrero de 2026 se dio inicio a nuevas obligaciones de la Ley PUSU (como la prohibición de entregar plásticos de un solo uso al interior de los locales de alimentos y la exigencia de que los supermercados exhiban al menos un 30 % de botellas retornables) ¿Cómo evalúa la preparación de la industria de envases y embalajes para cumplir con estos cambios?
Creo que la industria ha tenido tiempo para conocer la ley, ya que fue publicada en 2021 y su implementación ha sido gradual. No es una regulación inesperada. Sin embargo, la preparación ha sido desigual. La publicación del reglamento en enero de 2026 fue fundamental, porque ahí se aclararon los requisitos técnicos y eso hoy está llevando a las empresas a formalizar ajustes en un plazo acotado.
Desde mi experiencia en el sector, el desafío no ha sido solo cambiar materialidades, sino validar técnicamente las alternativas, cumplir estándares verificables y asegurar trazabilidad. Eso implica rediseño, certificaciones y recursos que no todas las empresas, especialmente las más pequeñas, tienen con la misma facilidad.
Veo voluntad de cumplimiento y un acuerdo amplio con el espíritu de la ley, pero esta etapa representa un ajuste operativo relevante para la industria, particularmente en retornabilidad y en la necesidad de elevar el estándar técnico en el desarrollo de materiales.
¿Qué efectos concretos ha tenido esta etapa de entrada en vigencia en los procesos productivos, cadenas de suministro e innovación de materiales dentro del sector del Envases y Embalajes?
Yo diría que esta etapa ha tenido efectos concretos en diseño, cadena de suministro y gestión interna.
Primero, hay un cambio claro en cómo se están pensando los envases. Ya no es solo reemplazar un material por otro, sino diseñarlos considerando su ciclo completo, especialmente en términos de retornabilidad y reutilización.
Segundo, la cadena de suministro se está ajustando. Los proveedores de materias primas no solo deben ofrecer alternativas, sino demostrar que cumplen con los requisitos técnicos y de certificación. Además, la retornabilidad agrega complejidad logística: recuperación, almacenamiento y coordinación entre distintos actores.
Y tercero, las exigencias sobre productos de un solo uso y certificación están elevando el estándar interno. Hoy no basta con declarar que un material es compostable; debe existir respaldo técnico, trazabilidad y coherencia en el rotulado. Eso está obligando a las empresas a fortalecer sus controles y revisar sus especificaciones con mayor rigurosidad.
En general, esto está empujando al sector hacia una integración más real de criterios de sostenibilidad, aunque todavía hay diferencias importantes en el nivel de preparación entre empresas.
Muchos comercios han debido reorganizar sus operaciones por las nuevas obligaciones de la ley. Desde la perspectiva de CENEM, ¿Cuáles han sido las principales barreras técnicas o logísticas que han enfrentado estas empresas?
Las principales barreras han sido, en mi opinión, más bien operativas. En el caso de restaurantes y cafeterías, la transición hacia sistemas reutilizables implica cambios concretos en su funcionamiento diario: mayor capacidad de lavado, más consumo de agua y energía, espacio para almacenamiento y una organización distinta de los tiempos de trabajo. No todos los negocios estaban preparados para eso.
También existe un desafío logístico y de abastecimiento. Los comercios han tenido que revisar proveedores, asegurarse de que los productos cumplan con los requisitos técnicos y ajustar inventarios. En el caso de los supermercados, incorporar y exhibir al menos un 30% de botellas retornables implica reorganizar espacios y gestión de stock. Para el sector gastronómico, significa reconfigurar el uso de materiales para consumo interno, reemplazando plásticos de un solo uso por alternativas que cumplan la normativa.
En general, lo que se observa no es falta de voluntad, sino un proceso de adaptación que requiere ajustes prácticos en la operación diaria y cierta gradualidad para que el sistema funcione de manera equilibrada.
En términos de certificación y alternativas sustentables (como materiales compostables o reutilizables), ¿Qué avances y qué pendientes identifica tras la entrada en vigencia de estas medidas?
Creo que el avance más claro ha sido la publicación del reglamento en enero por parte del Ministerio del Medio Ambiente, porque entregó definiciones técnicas concretas en materia de certificación y rotulado. Eso permite pasar desde interpretaciones generales a un marco más objetivo y verificable.
En términos de alternativas sustentables, hoy existe mayor claridad sobre qué se entiende por plástico certificado y bajo qué condiciones puede utilizarse. Ese es un paso importante, porque eleva el estándar y reduce el riesgo de declaraciones poco respaldadas.
El principal desafío ahora está en la implementación. Las certificaciones deben ser rigurosas y trazables, y el rotulado claro y consistente. Además, debe existir coordinación entre organismos certificadores, autoridades fiscalizadoras y empresas, para asegurar que las alternativas disponibles en el mercado cumplan efectivamente con los criterios ambientales establecidos.
¿Cómo observa la coordinación entre la Ley PUSU y otras políticas ambientales o de gestión de residuos, como la Ley REP, para promover una economía circular efectiva en Chile?
Creo que la Ley PUSU y la Ley REP son complementarias, pero su efectividad depende de cómo se articulen en la práctica. La Ley PUSU regula el diseño y las condiciones de los productos que se ponen en el mercado, mientras que la Ley REP está enfocada en su gestión una vez que se transforman en residuo.
Desde mi punto de vista, los productos compostables tienen sentido ambiental especialmente cuando están en contacto con residuos orgánicos, facilitan su recolección y se integran en sistemas consolidados de compostaje. Si esa infraestructura no existe o no está coordinada, el beneficio potencial puede diluirse.
Por eso, para avanzar hacia una economía circular efectiva, no basta con regular el diseño del producto y poner restricciones. Es importante que los materiales certificados bajo la Ley PUSU puedan integrarse de manera eficiente y coherente al sistema de valorización establecido por la Ley REP. La coordinación entre ambas normativas debe asegurar coherencia entre lo que se permite en el mercado y lo que efectivamente puede gestionarse como residuo.
Mirando hacia el futuro, ¿Qué recomendaciones o ajustes normativos considera necesarios para asegurar que la implementación de la Ley PUSU sea eficiente, justa para los distintos actores y efectiva en la reducción de residuos plásticos?
De aquí en adelante, creo que el foco debería estar en que esta ley se implemente bien, con mayor claridad técnica, criterios de fiscalización coherentes y un acompañamiento real, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que no siempre tienen los mismos recursos para adaptarse. También hay que considerar los sistemas de recolección, valorización e infraestructura, porque no basta con regular si después no existe cómo gestionar adecuadamente estos residuos.
Creo que es muy importante trabajar en la información y educación de la comunidad. Ninguna normativa funciona plenamente si el consumidor no entiende cómo disponer correctamente los productos o qué significan realmente conceptos como “reciclable”, “retornable” o “certificado”. Desde CENEM se han hecho esfuerzos en esta línea, pero todavía hay mucho espacio para avanzar.
En resumen, más que nuevos ajustes normativos, veo necesario consolidar lo que ya se tiene, mejorar la articulación entre actores públicos y privados y asegurar que el sistema funcione de manera coordinada, eficiente y medible en el tiempo.
Fuente: CENEM