Advierten que la gestión común de residuos podría generar prácticas de colusión, si no se resguardan los datos de producción de cada una de las empresas. Sofofa va más allá y pide derechamente intervención del TDLC y la FNE en el proceso.

Es la iniciativa legal del Gobierno más ambiciosa en materia ambiental y aún no logra aunar a privados y gremios que siguen con aprensiones su puesta en marcha. Se trata de la denominada Ley Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Producto y Fomento del Reciclaje -la llamada Ley REP- que el Ministerio de Medio Ambiente pretende implementar en el corto plazo.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó los tres reglamentos que servirán de insumo para la implementación de la normativa. Dichos reglamentos son el primer paso para implementar la regulación, que permitirá cumplir con los estándares OCDE en materia de gestión de residuos, disminuir su generación e incrementar las tasas de reciclaje. En el período de consulta de la normativa, grandes empresas y gremios alertaron los efectos y riesgos que genera la iniciativa. Uno de ellos, los problemas a la libre competencia.

A través de una carta, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) presentó sus reparos. “Es importante asegurar los lineamientos en pos de la libre competencia, ya que la REP se funda en la premisa de que existe competitividad”.

Esto debido a que la normativa señala que los productores deberán presentar, a través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, un Plan de Gestión respecto a cómo organizarán y financiarán la recolección y tratamiento de residuos a través de un sistema de gestión que puede ser individual o colectivo. Una de las exigencias es que en estos planes se debe revelar cómo las empresas financiarán dicha gestión, y el detalle los productos que serán reciclados y el detalle de ellos.

El temor de las compañías es que dicha información se filtre, perjudicando a la competencia. A ello se suman los resquemores que genera la figura del Sistema de Gestión Colectivo donde si bien las compañías deben crear una persona jurídica sin fines de lucro y garantizar el libre acceso de participantes, igual las compañías ven riesgos. Dado ello, Sofofa es clara en señalar que: “Los estatutos del sistema de gestión deberán ser visados y aprobados por el TDLC o en su defecto, la FNE”.

Al llamado de alerta se unió el de Embotelladora Andina, que advirtió que “la estimación de los productos a colocar en el mercado es información sensible para las compañías desde el punto de vista competitivo”. Esto -añadió- sobre todo en mercados donde hay muy pocos actores relevantes. “Nos parece que se pueden producir situaciones peligrosas desde el punto de vista de la libre competencia, ya que saber cuánto va a producir mi competidor en el año siguiente puede facilitar la realización de prácticas concertadas”, dijo Andina.

De hecho, el mismo cuestionamiento lo planteó WOM, empresa de telecomunicaciones perteneciente al fondo de inversión británico Novator Partners LLP. “El financiamiento de la gestión de residuos está dentro de la esfera de la información confidencial, privada y estratégica de cada compañía. ¿Por qué se debe indicar el mecanismo de financiamiento de las operaciones de gestión?”, cuestionó la compañía, solicitando que el requisito sea eliminado o limitado.

En tanto, la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (ASIPLA) sostuvo que el anteproyecto en consulta “no garantiza que se proteja la confidencialidad de algunos datos, como lo son los productos importados, sus costos y los costos operacionales de los programas, entre otros”.

Entel, en tanto, consultó al Ministerio si sobre esta materia se realizarán consultas a la FNE o se solicitarán informes a los órganos reguladores de los distintos mercados.

Mientras que a través de una carta, Servicios de Infraestructura Falabella SpA -filial del holding- presentó sus observaciones al reglamento. “Dada la magnitud de los cambios propuestos y la incertidumbre relativa a ciertos aspectos de su implementación, estimamos que dichos plazos podrían resultar demasiado acotados”, lanzó el retailer.

Por lo mismo, instó a la autoridad a implementar un calendario o cronograma relativo a las implementaciones de los reglamentos vinculados con la ley a fin de visualizar de mejor manera la estructura del proceso de implementación de la normativa.

De hecho, para la asociación que reúne a los principales supermercados -Supermercados de Chile AG- existen temas relevantes que no han sido abordados por la autoridad en la nueva normativa, como la necesidad de regular los Sistemas de Gestión Colectivo y la obligación de recibir y almacenar residuos por parte de los comercializadores y distribuidores, sin costo para los usuarios.

AES Gener junto a seis de sus filiales, reveló “inconsistencias” entre el reglamento en consulta y el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, al declarar como “residuos peligrosos”, elementos que no están considerados como tales en este último cuerpo legal. “Resulta imperativo abordar esta discordancia definiendo el concepto de residuo, en términos tales que se logre una regulación armónica sobre el fomento al reciclaje y la valorización de residuos”, instó la generadora.

Asimismo, Sofofa solicitó que se consideren factores de generación de residuos en el marco de la Ley REP, independiente del tamaño del productor. “Ello dado que, en primer lugar, esto puede generar costos adicionales por elusión y por otra parte la condición de PYME no implica necesariamente una menor generación de residuos”, sostuvo el gremio industrial.

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