Con una Ley de Fomento al Reciclaje ya promulgada y en proceso de establecer sus reglamentos, aún el 39% de los ciudadanos de Santiago, Valparaíso y Concepción no reciclan en sus casas, tendencia que se ha mantenido desde el 2014. Es más, el 93% de los habitantes de estas tres urbes dice no conocer la Ley REP.

Estos son algunos de los resultados de la VI Encuesta de Actitudes Hacia el Medio Ambiente, realizada por el Centro de Investigación para la Sustentabilidad (CIS) de la Universidad Andrés Bello (UNAB), que busca identificar la cercanía de la población con temas medioambientales como la prevención del daño medioambiental, el reciclaje, la relación de la ciudadanía con los ambientes naturales y la biodiversidad de nuestro país.

Si bien la percepción de la población con respecto al medioambiente ha ido creciendo, los problemas identificados como más relevantes varían bastante entre ciudades. Por ejemplo, en el caso de Santiago, se vuelve particularmente relevante la contaminación del aire (entre 6 y 11 puntos porcentuales por sobre Concepción y Valparaíso), seguido en segundo lugar por la contaminación ambiental. En contraposición, en Santiago no se ve como un problema tan grave la acumulación de basura (7%), como en Concepción (17%) o Valparaíso (31%).

El informe pone énfasis no sólo en la forma en que los chilenos se preocupan por reciclar, sino en cómo “se ocupan”. En este aspecto, la baja tasa de reciclaje se debe a varias razones, las que varían dependiendo de la ciudad. En el caso de Santiago, predomina la inexistencia del hábito de reciclar (40%), lo que está directamente relacionado con la educación ambiental, seguido por la percepción del reciclaje como un proceso difícil o engorroso (28%). Cabe destacar que en Santiago no es un problema que la gente no sepa dónde reciclar (12%), en comparación con los encuestados de Valparaíso (21%) o Concepción (34%).

Dentro de la Ley REP, existe un ítem con presupuesto asignado para difusión, con el que el Ministerio del Medio Ambiente espera que exista mayor conocimiento al respecto por parte de la población. El “Reglamento del Fondo para el Reciclaje”, fue aprobado a mediados de marzo, con una asignación de $2.100 millones (en régimen) destinado a “financiar proyectos, programas y acciones para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas”, según indica el texto del reglamento.

Además, establece lineamientos estratégicos en materia de sensibilización ciudadana para prevenir la generación de residuos y fomentar la separación en origen, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.

En este contexto, la investigación reveló que informar y educar a la población aparece como la medida considerada más efectiva para lograr que las personas y sus familias protejan el medio ambiente (48%), por sobre medidas económicas de prevención como multas o beneficios tributarios (30% y 22% respectivamente). “Es interesante destacar que esto es una tendencia al alza con respecto a años anteriores, en los cuales se consideraban las multas como el mejor mecanismo para enfrentar el problema. Resulta muy positivo que la población reconozca su responsabilidad y tome un rol más activo en el cuidado del medio ambiente”, señala Claudio Soto, director del CIS.

Mayor conciencia ciudadana

El estudio midió además la percepción sobre quién es responsable del cuidado del medioambiente. El 58% de los encuestados considera que el Estado debe realizar más acciones, seguido por la sociedad civil (24%) y el sector privado con 18%. La mayor responsabilidad de las personas se ve reflejada en el incremento de su disposición a pagar más por productos ecológicos que, por ejemplo, incluyan etiquetas de eficiencia energética o que reciclen sus residuos. “Llama la atención que en años anteriores el sector privado era el segundo responsable, seguido por la responsabilidad individual de la sociedad. Esto podría significar mayor compromiso y responsabilidad por parte de las personas, lo cual es muy importante considerando los nuevos desafíos normativos en materia ambiental que enfrenta el país”, comenta el Edmundo Muñoz, director de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la UNAB.

Con respecto al sector privado, los encuestados consideran que el principal mecanismo para prevenir daño medioambiental es la implementación de fuertes multas a las empresas que no cumplan la normativa (entre el 49% y el 60% de las preferencias, dependiendo de la ciudad), e incentivar a éstas mediante impuestos (25%). “Los chilenos no consideran que las acciones propias del sector privado sean importantes para favorecer al medio ambiente, sin embargo, las empresas pueden ayudar a protegerlo en la medida que existan impuestos e incentivos por parte del Estado”, destaca Muñoz.

Energías limpias

Otro foco de responsabilidad estatal corresponde a la política energética del país, tema que también considera el estudio. Según los encuestados, a nivel nacional, ésta debería centrarse en el desarrollo de energías limpias como la solar, eólica e hídrica. “La población promueve el desarrollo de las energías renovables no convencionales, por sobre la idea de tener una energía más barata. Esto derriba un mito e indica que la sociedad no está dispuesta a que el desarrollo del país pueda ser a costa del medio ambiente”, añade Claudio Soto.

Con respecto a proteger la biodiversidad, la mayoría de los encuestados señala la importancia de no botar basura al visitar ambientes naturales (18%). En coherencia con esto, los encuestados señalan que la generación de campañas de información a la población es una de las formas principales que tiene el Estado para contribuir a la conservación de la flora y fauna (32%).